Un grupo de profesores y estudiantes de las universidades del país hicieron ayer un plantón afuera de la Corte Constitucional, en Quito, en contra de la reasignación presupuestaria para la educación superior por alrededor de $ 98 millones, un monto menor al que las universidades no ejecutaron en 2019.

Algunos olvidan la brutal caída de ingresos de Ecuador, del precio del petróleo que bajó a niveles nunca antes vistos; además, se rompieron tres oleoductos. Tenemos una economía paralizada durante dos meses, con dificultades para regresar a la nueva normalidad y problemas para recuperar el nivel de exportaciones previo a la emergencia porque la crisis es mundial.

Las universidades tampoco recuerdan que el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, de 1996, se financia con parte del Impuesto a la Renta y del IVA; pero Ecuador perderá $ 8.000 millones por los estragos de la emergencia, $ 4.000 millones de déficit del PGE y con todo eso el Estado terminaría el año con un hueco fiscal de $ 12.000 millones.

Ante eso, el Ejecutivo plantea ajustes temporales. Quienes protestan por la reasignación sostienen que está dirigida principalmente a la contratación de maestros, pero no hay afectación ni para ellos ni a la matrícula de los estudiantes. La Senescyt ha llamado a las autoridades universitarias a reunirse para hablar sobre las áreas en que se podrían hacer reducciones.

Aparte de la posibilidad de ahorro en viajes, viáticos y cortes temporales en publicaciones e investigación, se pueden bajar costos en las remuneraciones de las autoridades. El ingreso promedio de los rectores universitarios es de $ 5.541,94 mensuales; el de los vicerrectores, $4.169 y el de los decanos, $ 4.244,50.

Además, datos oficiales contradicen a quienes afirman que el presupuesto sostiene, sobre todo, a la planta docente. En la Politécnica Nacional se registran 825 funcionarios administrativos y 639 profesores; en la Universidad Agropecuaria de Manabí hay 211 administrativos y 188 docentes.

Es hora de oír a la otra parte para llegar acuerdos mínimos en beneficio de todos. (O)