Lo ocurrido con el asambleísta Cléver Jiménez da para reflexionar sobre el uso de un cargo político y sus responsabilidades cívicas y judiciales. En varias entrevistas, él ha reconocido como un error la demanda presentada sobre una supuesta acción del presidente Rafael Correa el 30-S.

¿Si fue un error, hizo la aclaración oportuna? ¿Facilitó a la llamada ‘opinión pública’ las respectivas rectificaciones? No, todo lo contrario. Ahora, tras una sentencia judicial, con un proceso abierto y con todas las garantías, aparece como la víctima.

Sin embargo, el problema ha sido exacerbado por otros intereses y actores, pero jamás han explicado el origen real del conflicto. Y, por supuesto, una posible remisión de la pena pasa también por reconocer las culpas y asumir sus costos.