Casi todos los gremios de las empresas periodísticas han negado no solo la legitimidad sino la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación. Pero de rato en rato notamos el uso que hacen de ella para garantizar sus propios derechos, así como para defender ciertos principios universales. Si alguna autoridad o cualquier medio de prensa advierte un error o simplemente reclama una falta, inmediatamente persigue la aplicación de  esta ley para defender sus derechos o sus intereses económicos.

Es decir, ¿la usan solo cuando les conviene? ¿Sirve solamente para sus valores? ¿O es una herramienta al servicio de las audiencias y de los ciudadanos? Si es lo primero, si hacen un uso perverso de esta normativa, a eso se le llama doble moral. Lo de fondo es que la responsabilidad periodística, con o sin ley, es única y no exige mayores interpretaciones.

Ya no quedan argumentos que justifiquen que no “hay mejor ley que la que no existe”, porque la ciudadanía y los periodistas llanos  reconocen su legitimidad y los beneficios que ofrece para el desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. (O)