La emergencia sanitaria y económica por la que atraviesa Ecuador a causa de la epidemia del covid-19 requiere disciplina, colaboración y flexibilidad en nuestras acciones y decisiones diarias.

Los casos abundan. Por ejemplo, quienes sospechan que tienen algún síntoma de los atribuidos al virus deben utilizar los canales telemáticos abiertos por el Estado para atender la crisis. Acudir de manera directa a clínicas y hospitales cuando no se trata de una situación de emergencia puede, todavía, colapsar los servicios de atención presenciales.

Es previsible que la suspensión de actividades económicas por la emergencia reste ingresos a muchas familias lo que genera atrasos en el pago de alquileres de viviendas. Como ha pedido el Gobierno, arrendadores y arrendatarios deben llegar a acuerdos.

No es posible que los primeros exijan a rajatabla el pago del arriendo y los segundos digan, simplemente, que no pueden cancelarlos. La espera, cuando sea posible, o el pago por partes del monto total pueden ser salidas a este enredo.

Algo parecido ocurre en el tema del pago de salarios. Tanto empresarios como trabajadores deben ser capaces de sentarse a conversar con el fin de lograr consensos.

Los empleadores no pueden considerar siquiera que su personal permanezca meses sin recibir, al menos, parte del sueldo por el que luchan día a día; eso además de irreal es inhumano.

En tanto que esperar por parte de los empleados que el dinero simplemente fluya aunque la empresa no esté produciendo ni vendiendo es utópico. El prorrateo de pagos, la aceptación de reducción de la jornada laboral, como establece el Código de Trabajo, y el goce anticipado de vacaciones son alternativas que se deben explorar.

Igual sucede con el aporte propuesto por el Gobierno Nacional para trabajadores y empresas de una parte de sus ingresos para ayudar a superar la crisis. Aceptar la reducción salarial de manera progresiva ayuda más que cientos de mensajes solidarios en redes sociales. (O)