No ha sido fácil para la ciudadanía sortear dictaduras militares, tolerar formas democráticas de baja calidad, reformas económicas desquiciadas y promesas de cambio que jamás llegaron.

La estabilidad política por sí sola nunca condujo a la prosperidad y a la justicia distributiva. El modo de vida de los ecuatorianos se deterioró en la década del 90 por las privatizaciones, liberalización financiera, desregulación, pago de la deuda externa, cumplimiento a los mandatos de las agencias multilaterales de crédito y fidelidad al consenso de Washington. El resultado se mide en  los altos porcentajes de pobreza y miseria. 

¿Cómo pudo, entonces, sustentar una acertada política de lucha contra la pobreza el Gobierno de la Revolución Ciudadana?

En primer lugar, superando las ideas remitidas exclusivamente a la carencia de bienes y servicios, y a la marginalidad e informalidad desatendidos en los modelos de ciudad, porque son, básicamente, situaciones estructurales  excluidas del sistema social y económico formal.

En segundo lugar, por la reorientación y priorización del gasto público hacia  cambios sustanciales que mejoren el buen vivir  ciudadano, a partir de una economía  popular y solidaria.

La CEPAL y operadores de otros organismos internacionales han destacado los resultados referidos a las cifras de  crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), no solamente por el alto precio del crudo, sino también por el crecimiento de sectores no petroleros.

Esto explica que la economía ecuatoriana haya crecido desde el 3,58% en 2010 al 8,0% en 2011, lo cual supera con creces las previsiones del Gobierno Nacional sobre una posible expansión económica estimada en el orden del 6,5% durante  el pasado ejercicio.

Pero también se debe a la inversión del ahorro en producción, orientado a mejorar sustancialmente los niveles de competitividad para conseguir un crecimiento ordenado del 5,35% y una inflación del 5,14% en 2012.