El sistema de Preferencias Arancelarias ATPDEA (Andean Trade Preference Act), firmado por el presidente George Bush en 1991, se hizo efectivo en 1992  cuando Colombia y Bolivia fueron elegibles para obtener los beneficios. El presidente Bill Clinton lo extendió en 1993 a Perú y Ecuador, como una medida dirigida a crear alternativas de empleo e incremento del comercio entre la región andina y EE.UU., de manera que la sustitución de la producción y tráfico ilícito de drogas sea posible. Una vez en vigencia había la expectativa de que las barreras para aproximadamente 5.600 productos quedarían eliminadas. Sin embargo, desde 2002 el gobierno estadounidense se acostumbró -o nos amaestró- a que antes de la expiración  se analice el comportamiento andino, requisito indispensable para prorrogar o ampliar las preferencias del ATPDEA. Ya con el aval, aún hacía falta la aprobación del mandatario estadounidense  sobre la elegibilidad y selección de productos amparados, debidamente clasificados. La primera vigencia expiró, bajo este sistema, a finales de 2006 y se ha renovado en cuatro oportunidades; la última terminó en febrero de 2011. Y a pesar de todos estos condicionamientos, sumados al manejo ético del control del tráfico de estupefacientes por parte del Gobierno Nacional, ayer se difundió la noticia de que las gestiones de la comisión de empresarios que viajó a Washington han sido positivas y se extendería el acuerdo por 24 meses más, incluidos 6 retroactivos, hasta julio de 2013.

Hay que reconocer que las ministras  Coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, y de la Producción, Nathalie Cely, han apoyado decididamente todas las iniciativas privadas tendientes a racionalizar el costo del retiro de las preferencias arancelarias y han impulsado la firma del Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo con la zona euro. Tampoco han descuidado la agenda política concebida hasta el 2013, la misma que conducirá el modelo económico del Ecuador hacia un sistema social y solidario en el que será fundamental el desarrollo de procesos productivos industriales auténticamente nacionales.