La crisis económica, la pandemia y la caída del precio del petróleo “contribuyeron” a que el déficit fiscal que era de $ 3.384 millones antes de la crisis sanitaria se incrementara en $ 8.653 millones adicionales; es decir, $ 5.269 millones más.

Ante este panorama, el Gobierno hizo un ajuste económico para reducir el gasto fiscal, pues al no haber ingresos tributarios ni recaudaciones por servicios públicos -por la paralización de actividades- era necesario buscar alternativas y estas derivaron en las contribuciones de parte de empresarios y trabajadores, que hoy están en debate en la Asamblea Nacional, en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario.

De los ingresos que se tenían previstos para este año ($ 22.500 millones), estos se redujeron a $ 14.300, lo que influirá en el déficit fiscal previsto a inicios de este año. Ante este inestable panorama económico y la paralización de la economía, los inversionistas no se quieren arriesgar no solo en Ecuador, sino a escala mundial.

Esto ha significado que solo en abril, la recaudación del Impuesto a la Renta y las utilidades sufrieran una caída de $ 312 millones, el 30% menos que lo recaudado en el mismo período de 2019. Asimismo, los ingresos totales del Estado para abril de 2020 fueron de $ 1.418 millones, mientras que los gastos llegaron a $ 1.428 millones. Es claro entonces que hay una necesidad de financiamiento extra pues con la crisis global que se vive, las necesidades fiscales llegarían a $17.163 millones este año, cuando lo previsto en enero eran $ 12.518 millones.

Todos los sectores reprimidos de sus actividades por la pandemia buscan la forma de reactivarse y recuperar lo perdido en la pospandemia; pero si vamos hacia una nueva normalidad, esta recuperación no será inmediata, será escalonada, a largo plazo, según las directrices del Gobierno y el COE Nacional. en cuanto a normas de protección y seguridad.

Y es allí donde instituciones públicas, privadas, empresas, pymes, todos, deben reorientar sus esfuerzos y priorizar sus necesidades. (O)