Las noticias y análisis que brotan del Brasil actual, en general, se refieren a hechos relacionados con corrupción institucional, bandidaje político y descontento social.

En medio de ese entramado, que tomó forma de crisis estructural sobre todo después de la destitución de la presidenta Rousseff, el Senado dio un ‘salto cualitativo’: el 13 de diciembre, con el Sí de 53 senadores y el No de 16, pasó una enmienda constitucional que congela por 20 años -¡2 décadas!- el gasto público. Eso conlleva fijar techos a la  educación y salud públicas, por citar un ejemplo, en un país rico cuya desigualdad social es inadmisible.

Elevar a nivel constitucional un plan de reformas neoliberales tan profundo y brutal, so pretexto de bajar el déficit fiscal y racionalizar la tarea estatal, es un retroceso histórico sin parangón en la mayor economía de América Latina.

6 de cada 10 brasileños rechazan esa decisión; eso importa poco a quienes la adoptaron. Lo suyo es controlar el Estado para convertirlo en palanca que apuntala sus intereses. No más. (O)