Esta semana concluye la primera etapa de la Asamblea Nacional bajo la nueva modalidad y juridicidad otorgada por la Constitución de Montecristi.

De su gestión hay muchas cosas que destacar: 52 leyes aprobadas, casi todas con amplia mayoría; un sistema administrativo moderno y ágil; también algunas publicaciones y medios que facilitan la transparencia.
Y con todo y ello, la percepción -creada desde la oposición y algunos medios- es que el cuerpo legislativo no ha cumplido cabalmente con su gestión integral, porque no ha censurado a un ministro y menos ha dado paso a las demandas corporativas de grupos y partidos. ¿Esa es la realidad?

Por encima de esas “demandas políticas” hay una diferencia con el pasado: de cierta manera la nueva institucionalidad impide el show político y exige más responsabilidad, habilidad y capacidad de los legisladores. Lo que sí está claro en estos dos años es que no todos los asambleístas están a la altura de esas exigencias legales y políticas.

En ese sentido, los próximos dos años, con las nuevas autoridades por elegirse, la Asamblea Nacional no solo debe profundizar su trabajo institucional sino, y ante todo, terminar la arquitectura legal que demanda la nueva Constitución, corregir las fallas de los procesos legislativos y fiscalizadores, si las hubiere, pero jamás aceptar volver al modelo anterior donde predominaba el “piponazgo” legislativo, los recursos del Estado al servicio de la plataforma política clientelar y electoral, menos aún la proliferación de leyes a favor de intereses particulares y hasta personales.

No podemos olvidar que la Asamblea, en concreto, trabaja para el futuro, elaborando leyes desde el presente para corregir el pasado y para proyectar una sociedad de bienestar, y no solo al servicio del mercado y sus sacrosantos designios.