Si bien es cierto que Amnistía Internacional (AI) es una organización de larga trayectoria, no es menos cierto que su actuación en  Ecuador dejó de ser de su interés directo. Por eso cerró su oficina y delegó a otras entidades la labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos. En ese sentido, la entrevista publicada ayer en este diario con una exrepresentante de esa organización deja varias dudas.

La fundamental: ¿por qué no verificó las denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos de las personas? Además, ¿por qué se valió de entidades y personas reconocidas por su posición política? ¿Hasta qué punto un informe de AI tiene efectos y consecuencias para un país, si el documento no responde a una investigación seria y responsable? Nadie podría decir que Ecuador es una nación impoluta y perfecta, pero tampoco nadie puede atreverse a afirmar que aquí vivimos en el caos y la intolerancia absolutos. AI nos debe una explicación seria y responsable.