Significó un avance y una esperanza. Tras largos meses de investigación, registro de testimonios, búsqueda de víctimas y hasta de desaparecidos, el Informe de la Comisión de la Verdad reveló la gravedad de la situación de los derechos humanos entre 1984 y 2008.

Tras la publicación de ese Informe le correspondía a la Fiscalía judicializar los casos para, obviamente, hacer justicia con las víctimas y resarcir a las familias en los casos de desaparecidos y fallecidos a causa de la represión a cargo de personas e instituciones del Estado. Pero por lo que informó este diario ayer, en un amplio reportaje, apenas el 70% de los casos está en indagación fiscal, y de todos ellos apenas uno está a punto de pasar a juicio.

La impunidad que se vivió en más de 20 años no puede repetirse ahora. La justicia que tarda es injusticia. La conciencia del país seguirá dolida, culposa y avergonzada hasta que en el Ecuador no se castigue a los responsables de 459 casos de violación de derechos humanos, casi todos de lesa humanidad, imprescriptibles.

No debe ser fácil para la Fiscalía, pero es su obligación histórica responder y dar satisfacción a la ciudadanía sobre la lentitud de su gestión en un tema tan delicado como neurálgico para la paz. Sólo en la medida que este tema se cierre y en la democracia ecuatoriana no carguemos con este peso moral, podremos construir mejores y nuevos escenarios para la convivencia democrática.

¿Y la Asamblea Nacional no se comprometió a tratar con urgencia una Ley de Víctimas que devenía del Informe, como una respuesta legal ante la revelación dramática?

El Informe de la Comisión de la Verdad fue avalado por el Estado, no solo por el Ejecutivo. Si no se hace justicia en esto, se relegan las políticas de reparación y con ello las mayores perjudicadas son las víctimas y las familias.