Tras la audiencia de casación de este martes 7 de agosto, cinco de los 29 luchadores sociales de Saraguro fueron declarados inocentes.

El lunes 17 de agosto de 2015 se perpetró una represión de gran escala ordenada en contra de un grupo de manifestantes apostados en la vía Panamericana, al sur del Ecuador. La carretera que atraviesa la parroquia de San Lucas, a 22 km de Saraguro, en la provincia de Loja, fue el escenario de protestas en contra del régimen de Rafael Correa. Eran días difíciles para la revolución ciudadana.

La prensa recoge que en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Machala, Loja, Ambato, Esmeraldas, Riobamba y más ciudades de todo el país se producían masivas acciones de rechazo al régimen, a sus métodos de recaudación de recursos y a sus constantes violaciones a los Derechos Humanos.

En la época, el presidente Rafael Correa, desesperado por el aumento de las voces de reprobación a su gestión, convocó a sus bases militantes a enfrentar a los manifestantes, ordenó a la fuerza pública a reprimirlos y a los operadores judiciales a encerrarlos, todo “para defender la patria”, decía. El exmandatario estaba aterrado. En

Saraguro, como en todas partes, las protestas se cumplían de forma pacífica. No hubo ninguna forma de agresión hasta que llegara un batallón compuesto por casi mil efectivos de elite, armados hasta los dientes, que dispararon bombas lacrimógenas en contra de una muchedumbre compuesta por hombres, mujeres, adolescentes, niños y ancianos que participaban de la acción comunitaria. Aunque el parte policial diga que buscaron dialogar, las imágenes sin editar, disponibles en el internet y subidas por las víctimas de la agresión como por otros vecinos, demuestran lo contrario.  

El saldo de la represión dejó decenas de heridos y 29 detenidos, hoy convertidos en mártires que deben ser liberados. ¿Cuáles son las autoridades judiciales, policiales y políticas que permitieron esta brutal agresión? Pronto deberán responder. (O)