Violar la intimidad de las personas es violencia

- 30 de marzo de 2019 - 00:00

La política no es mala per se, todo el mundo tiene derecho a incursionar en esta actividad y prueba de ello lo constatamos en las más recientes elecciones, a las cuales se presentaron 81.278 candidatos. Lo cuestionable de esto es el uso indecente que se da a la política en nuestro país; como por ejemplo la violación de la intimidad de los personajes que participan en política y con el único afán de causar daño. El portal WikiLeaks se ha dedicado en las últimas semanas a la ingrata tarea de mostrar imágenes que generalmente todos guardamos en nuestros teléfonos celulares; es lo que se denomina hackeo y un asambleísta cree que ahí está la mano de la ex-Senain.

 Hay políticos que todavía no superan haber perdido los privilegios que lograron tras una década en el poder y se empeñan en intentar desestabilizar a la democracia. Todo comenzó con una cámara en el despacho presidencial, pero fueron descubiertos. Siguieron con una serie de artimañas hasta que llegaron -a través del mismo WikiLeaks- a mostrar fotos del Presidente recostado sobre su cama y junto a una bandeja de alimentos. No podían caer más bajo, se fueron con todo, nada les importa.

 Pero la Asamblea Nacional, en un gesto democrático y como corresponde a su alta responsabilidad frente a la ciudadanía, emitió una resolución que rechaza la violación a la intimidad a la que tienen derecho el presidente Lenín Moreno y todos los ecuatorianos. Con la única excepción de una bancada que añora el poder, todos los bloques apoyaron la moción, que buscaba también proteger no solo a las autoridades, sino también a la ciudadanía.

 El asambleísta Daniel Mendoza sostiene que hay un libreto correísta de desestabilización y de conmoción social, para lo cual utilizaron al huésped incómodo de la embajada en Londres, Julian Assange, a través de su portal especializado en robar información. Un acto tan miserable como el de espiar a las autoridades merece la condena, no solo de la Asamblea, también deberían pronunciarse las entidades defensoras de los derechos humanos. (O)