Con la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de rechazar la petición de la petrolera Chevron (ex Texaco) de bloquear la sentencia que obliga a pagar $ 19 mil millones por daños medioambientales en la Amazonía ecuatoriana, parecería que el caso se cerrará muy pronto a favor de los demandantes.

Y en la práctica se consolida la tesis de las comunidades indígenas: se contaminó el territorio de sus familias, se causaron enfermedades graves al verter los desechos de las perforaciones en pozos sin recubrimiento. Además, queda en duda la acusación de la petrolera de que los peritos fueron pagados para emitir informes a favor de la tesis ecuatoriana.

Por otro lado, a pesar del largo proceso, que empezó en 1993, la empresa petrolera sabe que no tiene más instancias estadounidenses a dónde acudir para bloquear la sentencia de la Corte de Sucumbíos. Y por lo mismo, la extraterritorialidad con la que manejó el caso vuelve y se define en Ecuador, donde Chevron explotó petróleo, lo cual, según la sentencia, afectó a las comunidades.

Cierto que la petrolera, como ya se ha informado, no suficientemente, prepara otras acciones, quizá para llevar el juicio a otros países. Eso reafirma el carácter transnacional de su conducto, el trato neocolonial a un país soberano y, por último, la determinación de humillar al país que le dio las condiciones y las garantías para explotar petróleo.

Ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo, ya no hay  ningún impedimento legal para continuar las acciones de ejecución de la sentencia y del cobro de la indemnización, como han señalado los abogados ecuatorianos. Cabe esperar, como ya ha ocurrido en estos largos 20 años, que empiece una campaña mediática, política y hasta diplomática para favorecer a la empresa petrolera. Y entonces veremos quiénes, ahora, en estas épocas, hablan de soberanía y autodeterminación con hechos.