El Consejo de Estado de Colombia devolvió ayer los derechos políticos a la exsenadora Piedad Córdoba, al anular la última sanción de inhabilidad que existía en su contra, dos meses después de que fuera invalidado otro castigo similar que pesaba sobre ella.

La sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación (en 2010) la inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos y como ahora reconoce el Consejo de Estado esa medida “se basó en conjeturas e indicios” por supuestamente contribuir con dinero a la campaña de un candidato.

Y no debemos olvidar el rol de la prensa en este caso. Con todo esto hay dos conclusiones clave: la acción fue una perversa represalia a una defensora de la paz que incomodó a cierto sector guerrerista y por otro lado esta reparación (tardía por donde se vea) solo ocurre por el peso de las evidencias y de un momento político concreto.

Contra ella se conculcaron derechos y se atentó contra la misma democracia colombiana. Algo parecido se quiso hacer con Gustavo Petro. Por lo pronto es una buena noticia y contribuye a la verdadera y auténtica pacificación que requiere Colombia. (O)