La oposición ha regado por todas partes la idea de que solo se hacen mayorías comprando  asambleístas. Con ello recurre a un argumento bajo porque acusa mediáticamente, pero no prueba jurídicamente. Y el viernes ocurrió algo que puede ser endilgado a la misma oposición: obtuvo una mayoría con los votos de los supuestos independientes. ¿Hubo compra de conciencias? ¿Cuánta plata aportó la oposición para que esos legisladores “cambiaran” de posición?

Y lo hicieron con el único fin de no cumplir con el mandato popular, efectuado el pasado 7 de mayo, para que se nombre al representante de la Asamblea al nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Por qué era más importante debatir las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que cumplir con ese mandato? ¿Con esas reformas cambia o se potencia la obligación de la Asamblea de hacer las leyes que devienen de la consulta y la integración de la Judicatura?

En concreto: ¿la oposición quiere boicotear y torpedear la voluntad popular? No hay otra explicación, por más que los acólitos de algunos medios, ahora hasta en Internet, se aplaudan mutuamente y comulguen con la idea de impedir el desarrollo democrático del Ecuador. De hecho, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha dicho que la discusión de esa reforma está convocada para el martes próximo.

Está claro: el Ecuador no va a desarrollar su institucionalidad democrática, y mucho menos la cultura de respeto sobre las decisiones tomadas por la vía del referendo, mientras los actores políticos y ahora sus aliados mediáticos solo piensen en sus intereses y en sus aspiraciones electorales.

El presidente de la República, Rafael Correa, ha señalado que, de persistir el boicot, irá a la muerte cruzada. De ser así, la oposición deberá afrontar sus responsabilidades. El pueblo ecuatoriano tiene, en democracia, la última palabra.