La protesta ocurrió en Santo Domingo de los Tsáchilas. Y no ha tenido eco. Quizá porque, tratándose de gente que reclama a un candidato de la oposición, no merece el mismo protagonismo y sensacionalismo que si hubiese ocurrido con el partido de Gobierno. Pero sí merece la atención y el análisis: ¿cómo se entiende que el candidato que dice no hacer encuestas, que se rige por lo que la gente habla y dice de él, ha “contratado” centenas de personas para consultar a los electores si están de acuerdo con su propuesta o van a votar por él?

Y luego de eso no les paga, primero, porque no tienen un contrato legalmente firmado; segundo, porque supuestamente no cumplieron con su encargo; tercero, porque las condiciones económicas nunca quedaron claras para las partes.

Lo que revela esta “polémica” es que hay organizaciones y actores políticos que invierten tanto dinero para asegurar el control político del Estado que no escatiman dinero, recursos y hasta discursos para justificar una supuesta “pureza” política, pero que en realidad buscan otros objetivos.

Por otro lado, la inversión económica en tiempo de elecciones es alta, y más en aquellos movimientos que lucen grandeza y hasta arrogancia. ¿De dónde sale tanta plata? ¿Solo de las arcas de su líder? ¿Hay intereses financieros, corporativos y empresariales detrás de esas inversiones? ¿Es tanto el afán de “invertir” en las elecciones con el objetivo de recuperar cuando sean gobierno?

Por suerte, dirán algunos, en estos tiempos hay gente que gana plata, bien haciendo camisetas, encuestas y toda la logística electoral que van a aumentar sus ingresos. Pero no se entiende que alrededor de 200 personas que hacían encuestas no sean reconocidas en su trabajo y esfuerzo. Siendo así, ¿no corresponde a las autoridades laborales y electorales velar por los derechos de esas personas?