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El Presidente de la República dio claras señales de que la transición tras el cese de las funciones del Vicepresidente será con todo el rigor y el respeto que se merecen todos los ecuatorianos. A las puertas de una crucial consulta popular, que debe cumplirse el próximo 4 de febrero, Ecuador se quedó sin Vicepresidente tras la condena a seis años de prisión de Jorge Glas y al haberse superado el plazo estipulado para la ausencia temporal de sus funciones.
El miércoles, el presidente Lenín Moreno se reunió con todos sus ministros y les informó que en un plazo de 15 días (Artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa) será enviada a la Asamblea Nacional la terna con los nombres de tres personas, una de las cuales debe ser confirmada como Vicepresidente(a) Constitucional de la República. Sin embargo, para que todo esté dentro de la norma, Moreno pidió las certificaciones para verificar su legalidad y enseguida enviar los nombres.
“Ustedes entenderán -dijo Lenín Moreno- que voy a demorarme bastante menos (en enviar la terna) porque un país no puede pasar sin su Vicepresidente”.
La terna, según el Primer Mandatario, estará integrada por personas valiosas, confiables y leales. Las características señaladas por el Presidente son el punto de partida para esta transición. Los nombres posibles de la terna son los de la actual vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña; de la canciller María Fernanda Espinosa y de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.
Después de que la Asamblea Nacional resuelva, la prioridad nacional será la consulta popular, mediante la cual los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre varios temas que tienen que ver con la gobernabilidad, como -por ejemplo- la reelección indefinida, la participación ciudadana, la muerte civil para los políticos sentenciados por casos de corrupción, la plusvalía, la minería y el Yasuní. En la misma reunión con sus ministros, el Presidente manifestó que con la consulta se logrará que los corruptos tengan una sanción y que no prescriban los delitos de abusos contra menores de edad. (O)