Este diario publicó el domingo anterior una investigación sobre lo fácil que es para  un civil acceder a un uniforme de cualquiera de las instituciones de la fuerza pública.

Uno de nuestros reporteros constató que atrás  del Cuartel Modelo de Guayaquil,  en el conocido barrio Chemise, en pocos minutos podía cambiar su apariencia por la de un auténtico policía.

Sin embargo,  y si  el problema fuera solamente la falsificación, un  operativo de la Intendencia permitiría la clausura de este y otros locales dedicados al comercio de este tipo de prendas de vestir. Pero con los atuendos también  ofertan   equipos propios de los gendarmes, como aspersores de gas pimienta, bastones especiales e insignias.

Otros puntos del puerto principal   -unos clandestinos y otros sin restricciones- , en los que  nuestros periodistas   estuvieron, negocian uniformes de elementos de la Marina, de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) y del Ejército.

Ante esta actividad, que la presumimos ilegal, es preocupante  que las bandas de delincuentes puedan disfrazarse como miembros de las FF.AA. y Policía para  atracar en las carreteras   y negocios urbanos.

Las grabaciones de los equipos de seguridad instalados en locales comerciales dan cuenta de la audacia puesta en marcha, por lo que el  reportaje debe ser tomado como referencia  por el  Ministerio del Interior en la indagación sobre   la identidad de  quiénes están traficando con la “piel” de las fuerzas del orden.

Los altos mandos de las entidades afectadas tienen la obligación  de descubrir a los responsables,  investigar si son ex miembros de las instituciones y de qué manera las prendas oficiales pueden llegar a manos de civiles. Los resultados deben salir a la luz como un acto de transparencia ante la ciudadanía, que cada día exige más seguridad.