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Ecuador, 28 de Marzo de 2024
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El Telégrafo
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Un Estado dentro del Estado, ya no cabe ahora

Un Estado contemporáneo no se constituye por la suma de grupos o corporaciones. Al contrario, gracias a su existencia y articulación con base en una normativa superior (para este caso la Constitución) se relacionan obedeciendo y sometiéndose al mandato de la ley para fijar unos límites y unas atribuciones.

Aun así, nuestro país vivió por largas décadas un tipo de democracia en la que determinados grupos —cobijados por una supuesta tradición— hicieron de su existencia un modo de convivencia aparentemente democrático para garantizar sus privilegios, prebendas y con ello sostener unas hegemonías dentro del mismo Estado.

Por ejemplo, en los organismos de control estaban representados, con voz y voto, los grupos regulados. Como este hay otros casos. Las normativas y sus respectivas sanciones no garantizaban justicia para los afectados por esos grupos. Al revés: gracias a esa ‘representación’ se legitimaba su poder y precautelaban sus intereses particulares en detrimento de la mayoría y a costa de un Estado amarrado de pies y manos.

Es decir, era el ‘Estado mínimo’ del cual hacen alarde algunos candidatos para las próximas elecciones. Así, ese Estado no se debería ocupar de nada y solo se preocuparía de proporcionar los recursos y garantizar a esos grupos una defensa en caso de intervención extranjera o conflictos con la sociedad en general o entre ellos mismos.

Tampoco es menos cierto que el uso de los recursos por parte de esos grupos, instituciones u organizaciones vinculadas directa o indirectamente con el Estado fue el componente medular de ese modo de organización social que nos hizo mucho daño. Si el Estado proporcionaba dinero, bienes y hasta bonos esas entidades los usaban para fines privados: se contrataban servicios exclusivos y hasta se financiaban equipos de fútbol, bajo el estatuto de institución con carácter privado y con fines de lucro.

Así pasamos décadas y el resultado de todo ello fue la ausencia de un sentido de convivencia democrática y equitativa para beneficiar a las mayorías. Todo lo contrario, la suma de minorías parecía la norma y la dinámica social para un Estado dedicado solo a organizar la entrega de recursos y en calidad de juez solo para determinados conflictos.

Todo ello se acabó con la nueva Constitución, que hasta ahora algunos no entienden. Incluso, la interpretan a su modo, como si cada uno de sus artículos, las entidades creadas y su filosofía se pudieran interpretar con la lógica del pasado.

Por eso no sorprende que ahora salgan algunos mandos de ciertas instituciones a reclamar dineros y recursos como propios, sin importar si la plata salió del mismo Estado. Pero lo más grave es que bajo esa lógica quieren imponer al poder público sus intereses particulares.

Si no entendemos que ese pasado fue la causa de la enorme pobreza y la ausencia de una verdadera democracia, seguiremos bajo la presión de los poderes fácticos. O sea, sometidos a los intereses grupales y/o corporativos para que no prime el interés público y seamos una sociedad sin un Estado de derecho, garantías y obligaciones. (O)

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