Circulan varios artículos y hay muchos debates. Quizá con menos intensidad que las campañas electorales, unas adelantadas y otras en marcha en el continente. Por ejemplo, la campaña en EE.UU. no contempla, jamás lo haría, la discusión de un sistema interamericano de derechos humanos. Barack Obama, quien proclama defensas de libertades en otros países, no le ha dicho a sus electores cómo imagina un sistema de defensa de esas libertades para el resto del continente, donde sí ejerce presión y hasta instaura condiciones.

Venezuela se ha retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) Y lo hace acusando a este organismo “de actuar en complicidad con los grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura”. El canciller Nicolás Maduro se refería con esto al fallo que el organismo regional dictó a favor de Raúl Díaz Peña, presunto autor de los ataques contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en 2003, aparentemente con la idea de que se acuse al Gobierno por los hechos. Tras las investigaciones, Díaz fue detenido y condenado por la justicia, en abril de 2008, a nueve años y cuatro meses de prisión por los cargos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, como ha informado solo una parte de la  prensa privada y comercial del continente.

Y ahora, tras esta decisión, como si se tratara de una confabulación “comunista”, hay artículos y debates que obvian este dato de la realidad y de ahí hacen teorías y generalizaciones que no aportan nada al debate de fondo: revisar, discutir, plantear y hasta reformar lo que le toca hacer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta reflexión y debate debe atravesar también por analizar lo que ha dejado de hacer este organismo, al cual, por cierto, no está suscrito EE.UU. y cuya coya Comisión tiene sede en Washington. No se trata de santificar nada, pero tampoco de estigmatizar a partir de unas realidades y unos anhelos políticos que no corresponden a esta época y que tampoco aportan a cambiar la época de inequidades y abusos que vivió América Latina con dictaduras y gobiernos represivos, que desaparecieron a miles de personas y que hasta ahora no tienen una sanción adecuada.