Tras el debate que organizó la Cámara de Comercio de Guayaquil, los 7 aspirantes presidenciales —el candidato de AP tuvo sus razones para no asistir— dejaron una deuda: discutir sobre lo realmente importante.

A guisa de ejemplo: durante 2 horas de luces electorales, subieron a la mesa millonarias ofertas de crear empleo, al tiempo de echar abajo gran parte de la estructura tributaria del país. Lejos de sumarse al pacto ético para que todo funcionario público se aleje de los paraísos fiscales, y así cerrar el ‘agujero negro’ a través del cual se desangra al país, se propuso perforar el mapa tributario vigente.

Electoralmente, claro, es seductor ofrecer 1 millón de empleos en 4 años; pero es electoralmente fatal admitir que si se desmantelan 14 impuestos, el Estado perdería unos $ 3.000 millones (20% de lo que recauda hoy el SRI). Entonces el elector se preguntará: ¿cómo se financiaría la política social, convertida hoy por hoy en un dique, precisamente para que el desempleo no aumente? La Constitución obliga a establecer una política tributaria equitativa, redistributiva y que priorice los impuestos directos. Pero discutir sobre estos y otros temas es un contrasentido electoral. Menos mal el país no es bobo ni come cuento, por muy dorada que se venda la píldora. (O)