Siempre respetuoso del papel que desempeñan todas las funciones del Estado ecuatoriano, el presidente Lenín Moreno se refirió al archivo de la denuncia planteada por el desvío de fondos del Gobierno venezolano para financiar una fundación creada por el expresidente Correa. “Lo que me preocupa es que con el dinero de los hermanos venezolanos y con la pensión de 50.000 jubilados venezolanos se están pagando las locuras del rey del ático”. Por supuesto que es lamentable lo que ocurre en ese país que vive una crisis humanitaria sin precedentes en América Latina. Pero quien hasta esta semana fue la Fiscal encargada no encontró razones para indagar.

La nueva fiscal, Diana Salazar, electa por la unanimidad de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (transitorio), no solo debería retomar ese tema, que es muy delicado, tiene casi un millar de causas que por diversas razones no han sido tramitadas; la mayoría se refiere a casos de corrupción denunciados con bastantes pruebas, tanto por parte de las autoridades, como por comisiones anticorrupción que se han creado para profundizar en la búsqueda de la verdad.

Durante su comparecencia ante la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayaquil, Moreno anticipó algunos casos que no han sido aclarados. Mencionó algunas tramas del expresidente, por ejemplo el 30-S, el asesinato del general Gabela, la muerte de Quinto Pazmiño y de Fausto Valdiviezo o el caso de Galo Lara, traído desde Panamá y canjeado por un barco panameño.

   Hay otros casos con indicios claros de peculado, por ejemplo Yachay, con un perjuicio al Estado por $ 31,4 millones; el caso Espinel, que tiene que ver con lavado de activos; el caso Telconet; la Refinería del Pacífico, donde hay un terreno aplanado que solo ha servido para que aterricen y despeguen aviones del narcotráfico, y etc. Hay razones para confiar en que Diana Salazar -quien en su cargo de fiscal de delitos flagrantes investigó a Luis Chiriboga y a Jorge Glas- limpie al país de la corrupción. (O)