El Gobierno de Venezuela, que en cuatro o cinco años ha permitido el éxodo masivo de venezolanos, acusó a Ecuador de fomentar la violencia contra los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país. Una apreciación bastante destemplada, sin verificación, precipitada y malintencionada generó la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, a tono con el pensamiento gubernamental de generar una política migratoria ordenada.

Desde Davos, Suiza, donde acompaña al Presidente de la República en una cumbre económica mundial, el canciller José Valencia reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de defensa, protección y cumplimiento de todos los convenios en materia de derechos humanos, que no excluye a los 240.000 inmigrantes venezolanos que residen en Ecuador.

Valencia manifestó que las acusaciones de Caracas no tienen fundamento. Se trató -dijo- de un  hecho lamentable que conmocionó a todo el país, “que nos dio mucha rabia e indignación”. Se refería al femicidio de Diana, una mujer que fue apuñalada -la noche del sábado anterior- por un ciudadano venezolano que en la actualidad está con prisión preventiva en la cárcel de Latacunga.

Eso generó una ola de indignación en varias ciudades del país con marchas ciudadanas de rechazo al machismo, a la misoginia y, en general, a la violencia contra la mujer. Ecuador, según el canciller, se ha caracterizado siempre por diferenciar entre “las acciones de un individuo, de un criminal”, en el caso citado, y las de un grupo humano determinado.

Las personas que protagonizaron hechos de violencia serán sancionadas. El domingo la turba atacó casas y residencias donde viven venezolanos. Algunos fueron agredidos e intimidados sin siquiera tener en consideración a sus hijos. Ecuador no es un país violento; los incidentes fueron aislados y se respetan las leyes y a los ciudadanos.

Lo curioso de la protesta venezolana es que viene de un gobierno que ha reprimido con fuerza a la oposición y que no reconoce a una Asamblea legítima que busca la institucionalización del país. (O)