Entre el 7 y 13 de julio de 2016 un grupo de 121 cubanos fueron detenidos y trasladados al aeropuerto de Latacunga para ser deportados a su país. Todo esto en medio del reclamo y de las protestas de la ciudadanía y de las entidades de derechos humanos.

El derecho internacional establece que en ningún caso una persona que tramita o está en condiciones de refugiada puede ser deportada a su país de nacimiento. Ellos habían solicitado ser enviados a México para, desde allí, viajar a Estados Unidos y reencontrarse con sus familiares, algo que nunca ocurrió; tampoco se supo qué pasó con los cubanos deportados al arribar a su país.

El tema de los refugiados es muy delicado, nuestro país tiene muy claros los principios de la ciudadanía universal; y la Constitución, en uno de sus artículos, garantiza la libre movilidad. Ecuador como Estado respeta los derechos humanos y en ese sentido ha sido sensible con la situación de los venezolanos que viven o transitan por el territorio.

No solo se trata de venezolanos; durante las cinco décadas que duró el conflicto armado en Colombia el país fue receptor de refugiados y de inmigrantes colombianos; de hecho más del 90% del total de refugiados son de esa nacionalidad.

La ACNUR es la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados y es la encargada de apoyar a quienes salen de su país por diversas razones, especialmente en los casos de violencia. En el edificio donde funciona la oficina de ACNUR, en el norte de Quito, un grupo de más de un centenar de colombianos se instaló ahí para pedir que sean trasladados a otro país.

Ellos vivieron en carpas o cobijados por plásticos cerca de un mes y eso generó malestar en los vecinos de un barrio residencial. Hasta que, en la madrugada del jueves, fueron desalojados pacíficamente por fuerzas combinadas de la Policía y de la Agencia Metropolitana de Control.

Sin el uso de la violencia y con absoluto respeto de sus derechos humanos fueron trasladados hacia albergues más seguros. (O)