El Gobierno Nacional envía esta semana a la Asamblea Nacional la nueva reforma tributaria. Lo hace tras el debate generado desde hace dos meses cuando se hizo pública la iniciativa del presidente de la República, Rafael Correa Delgado.

Y en ese debate no han faltado valiosos aportes y recomendaciones para que el nuevo cuerpo legal asuma los retos de las nuevas condiciones económicas del país y de las urgencias ecológicas de todo el planeta. Como ya se ha dicho, con lo recaudado (alrededor de 400 millones de dólares anuales) se financiarán programas de salud y ambientales.

Y a pesar de que esos recursos ayudarán a curar a pacientes de cáncer de pulmón y de enfermedades respiratorias, el mayor esfuerzo no debe estar en el Estado sino en la ciudadanía.

Del mismo modo, la implementación de los llamados “impuestos verdes” debe ir acompañada de una campaña de concienciación a los ecuatorianos para hacer de nuestro bienestar un modo de vida en armonía con la naturaleza.

Los paradigmas del desarrollo apuestan por el progreso individual sin considerar los efectos para nuestro hábitat. Y quienes se oponen a estos impuestos reafirman un modo de vida que solo explota la naturaleza y no le devuelve nada de lo que ha servido para su confort.

Igualmente le corresponde al Gobierno Nacional diseñar campañas que provoquen esa concienciación. De no hacerlo, cada vez serán necesarios nuevos impuestos y más restricciones a gastos que requieren otros sectores para afirmar la concepción del Buen Vivir, como lo ordena la Constitución.

Por lo pronto, los asambleístas están urgidos para que ese proyecto se convierta en mandato legal y se puedan financiar esos programas. No es de extrañar que los economistas ortodoxos y neoliberales hagan gala ahora de su sapiencia para impedir un debate responsable y propositivo.

La responsabilidad colectiva es reflexionar sobre la base del sentido y bienestar común.