Evidentemente el Estado ecuatoriano, no hay lugar a dudas. Pero no puede ser tampoco una respuesta cualquiera. Siendo un caso de largo tiempo, por incumplimiento de las leyes ecuatorianas, hemos sido “sancionados” por esas instancias internacionales que ponen por encima de nuestra legislación las de otras que siempre van a fallar a favor de las empresas transnacionales y no de gobiernos y países soberanos.

El caso lleva seis años de litigio, desde que el entonces ministro de Energía, Iván Rodríguez, decretó la caducidad del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos del bloque 15 con la compañía estadounidense Oxy. No olvidemos que este caso fue motivo de varias pujas y tensiones entre el Gobierno ecuatoriano y la embajada de EE.UU., tanto que en los WikiLeaks hay varios cables donde  abunda el tema. Incluso esa embajada, según los cables, habrían pedido “la cabeza” del Procurador del Estado de ese entonces, José María Borja, por haberse opuesto a aceptar las condiciones y hasta las razones de la empresa petrolera.

Lo cierto es que el tribunal internacional que nos “sanciona” desechó los argumentos del Ecuador en todos sus niveles y hasta en los conceptos jurídicos para declarar la nulidad del proceso. En otras palabras, una sentencia de esta naturaleza, aparte de ilegal e improcedente, por todo lo que ya se ha dicho desde gobiernos anteriores, de ejecutarse, hiere a la economía del país, implica una aceptación tácita de un sometimiento a las leyes internacionales por encima de los intereses y necesidades internas.

Ahora queda pelear por la apelación y la nulidad, no como un compromiso y obligación de este Gobierno, sino de todo el país. Y de insistir en la sentencia, habrá que discutir una propuesta de mayor rigor y soberanía absoluta frente a la voracidad de una empresa transnacional.