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La marcha de los alcaldes amazónicos, del pasado viernes, es un indicio más (contundente eso sí) de esa nueva relación entre los gobiernos central y autónomos descentralizados. Quizá se ha discutido desde ciertos lugares comunes, pero no desde lo más estructural: la recuperación del Estado plantea un nuevo orden a favor de una institucionalidad que deriva en una relación política ajena al clientelismo y con fuerza en una planificación estructural.
El resultado: un apoyo político muy potente sin la lógica del toma y daca. Todo lo contrario: una consecución de objetivos colectivos a favor de las comunidades desde una autoridad territorial y central.
Ahora que se discute y analiza la explotación del Bloque ITT, los primeros en expresarse han sido los alcaldes y prefectos. Lo hacen a favor de la tesis del Gobierno por una razón de fondo: sin esos recursos se hace imposible resolver problemas crónicos, como los servicios básicos y el desarrollo de políticas a favor de los seres humanos.
Ahora hay un sistema completo y equitativo, automático e informatizado, sobre la base de planes y proyectos concretosEvidentemente la lógica ya no es la misma. Antes los alcaldes y prefectos estaban en permanente disputa con el Gobierno central, la tensión se remarcaba por esa arbitrariedad y discrecionalidad en la entrega de recursos. Y en esa lógica se favorecía a unos en detrimento de la mayoría. Ahora hay un sistema completo y equitativo, automático e informatizado, sobre la base de planes y proyectos concretos. De ahí que ya no funcionan los telefonazos y los gritos, mucho menos el amiguismo.
En los gobiernos autónomos descentralizados hay también un cambio de actitud y de gestión, a pesar de que falta mucho en algunos aspectos, en la mayoría se avanza en una mejor organización y planificación. Y eso hace posible varias tareas consecutivas y estructuradas.
Lamentablemente esta noticia, que es una buena, no es explicada en la prensa privada y comercial como un factor determinante de la gobernabilidad, bandera que exhibían los neoliberales solo para un uso mercantil.
Esa gobernabilidad ni siquiera se convierte en un resorte para el proselitismo de los alcaldes y prefectos en funciones o en búsqueda de reelección. Los mayores beneficiados son los vecinos, porque si la autoridad local -con todas esas posibilidades- no logra su cometido, el ciudadano común identifica inmediatamente la posibilidad de un recambio porque están dadas las condiciones para una mejor gestión.
Por ello, sí podemos hablar de un cambio de época y una relación política provechosa para el país.