El debate no es de ahora: llevamos dos décadas exigiendo a las autoridades que rindan cuentas de su gestión. Y solo en la última hemos vivido esa experiencia, ni siquiera por la imposición de una ley o una norma, sino por una nueva forma de ejercer la responsabilidad pública. Incluso para generar oposición, crítica o rechazo con los datos, las declaraciones y los informes documentados se puede argumentar toda clase de posturas. De ahí que la rendición de cuentas no solo pasa por un informe escrito, un acto solemne o una fastuosa ceremonia. Lamentablemente quienes se oponen a los enlaces sabatinos remarcan un solo aspecto de ellos: la crítica legítima a quienes no coinciden con la postura oficial. Más de un 50% de esos enlaces son y han sido un detallado relato de las actividades del Primer Mandatario o del Vicepresidente, día por día, hasta el punto que como ciudadanos sabemos aspectos de la gestión que nunca antes fueron de conocimiento público. Si el costo de informar es la mayor preocupación de quienes no quieren contar con una información de primera mano, entonces habría que cuantificar también cuál fue el costo de no saber qué hicieron las autoridades de anteriores gobiernos. La información, como un bien público, no pasa por el costo monetario sino por ese otro factor determinante para una sólida democracia: contar con los insumos para tomar decisiones reflexivas y bien argumentadas. (O)