El presidente Lenín Moreno se dirigió al país el lunes por la noche, como cada semana, pero esta vez fue especial, ya que se informó sobre el programa económico de su gobierno, el cual tiene como eje la reactivación del sector productivo privado. Durante años los empresarios se sintieron relegados frente a un Estado con amplia participación en la vida económica del país. Ahora el objetivo es que no haya primacías sino más bien trabajo en conjunto.

Para ello el Ejecutivo prepara una serie de medidas. Por ejemplo, las nuevas inversiones recibirán exenciones tributarias y el anticipo del impuesto a la renta, que ha sido tan criticado, se eliminará en 2019. Y lo mismo se hará, de manera progresiva, con el impuesto a la salida de divisas.

Además, siempre en el marco del respeto a los derechos laborales, se crearán nuevas modalidades de contratos de trabajo. El fin último es atraer inversiones, nacionales y extranjeras, en un ambiente favorable para los emprendimientos y negocios, lo que a su vez se traduce en más fuentes de empleo y se combate el subempleo.

Una de las bases de la economía ecuatoriana es la dolarización. Existe el consenso social de mantenerla y, para ello, la cantidad de dólares que ingresa debe ser superior a la que sale. En el pasado eso no era un problema, por el exorbitante precio del barril del petróleo, escenario que ya no existe. Por eso se requiere disminuir las importaciones, sobre todo de bienes de consumo. Aquello debe ser entendido por la población y las cámaras empresariales.

La mejora económica del país requiere el esfuerzo de todos, pero también la ciudadanía debe comprender el porqué de las medidas.

No hubo paquetazo, es una gran noticia para un país que aún recuerda con dolor los ajustes de los años 80 y 90. Pero en sintonía con el clamor popular, el presidente Moreno ordenó la eliminación de entidades públicas con el fin de ahorrar anualmente $ 1.000 millones.

Eso servirá también para honrar las deudas contraídas en el pasado y cumplir las metas sociales. También es importante que la austeridad no afecte los servicios que ofrece el Estado. (O)