La situación del periodismo en el mundo es cada año más compleja por una serie de razones que van desde la intolerancia del poder, hasta la persecución y muerte de los comunicadores. En promedio, 30 mueren cada año en el cumplimiento del deber, más de 150 están encarcelados y 35 se encuentran desaparecidos.

El balance es del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que ha visitado un par de veces Ecuador para constatar la realidad en un país que vivió una década bajo el acoso y la amenaza del poder político. En su diagnóstico, el CPJ anota que “el notoriamente sensible presidente (Correa) se esforzó al máximo por silenciar a los críticos que podrían examinar muy de cerca las denuncias de corrupción que surgían en su Gobierno”.  

El esquema funcionó mediante una Ley de Comunicación que limitó el accionar de los periodistas. La principal herramienta fue la Superintendencia de Comunicación, encargada de aplicar las sanciones y las multas a los medios que no se alineaban con el discurso oficial.

Desde que llegó al poder el presidente Moreno se dio un mensaje de total apertura a todo el periodismo, sea público o privado. Una de las acciones más aplaudidas por los defensores de las libertades de prensa y expresión fue la eliminación de la Superintendencia de Comunicación y el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación.

Actualmente está en un proceso de debate, que no excluye a nadie, ni a los periodistas ni a los empresarios que formulan sus observaciones con absoluta libertad y sin presiones. En su informe el CPJ concluye que Moreno ha dado un giro de 180 grados y que “aleja al Ecuador del camino de la represión” que había emprendido Correa.

Moreno adoptó una posición “dramáticamente distinta de la de su antecesor” que había aprobado “una de las leyes de medios más restrictivas de la región”. Algunos periodistas mantienen su cautela, pero pareciera que “la represión contra la prensa ha cesado, según CPJ”.  (O)