Los ecuatorianos saben que el dinero lubrica los engranajes de ciertos trámites burocráticos; y para nadie es desconocido que la corrupción en el sector público del país es un mal endémico, a pesar de  los ingentes esfuerzos  realizados en casi cinco años por el Gobierno Nacional para desmantelar las redes existentes.

Las reformas legales y la creación de instituciones, como la Secretaría de Control de Transparencia, son claros  ejemplos de cómo se ha venido buscando la  autofiscalización y la transparencia en el manejo de la Administración Pública.

Los resultados son tan contundentes que los medios privados de comunicación lo han reconocido. Esta semana, por ejemplo, un operativo permitió la aprehensión de  personas que formaban  parte de una red de otorgamiento de visas falsas. Entre los capturados hay notarios  guayaquileños -aparentemente sin tacha-, policías y empleados de la Gobernación del Guayas.

Por lo que se conoce hasta el momento, las autoridades están preparadas para probar las acusaciones, luego de más de seis meses de investigación, lapso durante el cual la política migratoria del régimen era calificada por sectores de la oposición de  permisiva con quienes venían   utilizando al país como plataforma para introducir personas  desconocidas a los  Estados Unidos.

De esta manera, las presunciones nacidas de una crítica interesada en escandalizar fueron desbaratadas y las visas otorgadas de manera irregular serán revocadas;  un claro e inequívoco mensaje a la comunidad internacional sobre el compromiso que tiene Ecuador con la seguridad e inviolabilidad de sus fronteras, así como la respetabilidad a la soberanía de sus vecinos. Las autoridades que tienen a cargo la ejecución de  políticas migratorias  están en la obligación de mantener acciones orientadas a  garantizar que la imagen del país  no volverá a ser manchada por la duda y la incertidumbre.

El delicado equilibrio que supone la presencia de extranjeros en nuestro territorio y el respeto a nuestra soberanía no pueden romperse.