A propósito de la sentencia a los autores del libro “El Gran Hermano”, hay dos preguntas no resueltas por los medios que ahora levantan una campaña mediática en contra de la sanción impuesta, por ley, por una jueza de la República: ¿Por qué en el diario Expreso, donde originalmente se publicó la investigación realizada por un equipo donde no solo estaban Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, no se dijo lo mismo que se señala en el libro: que el Presidente sabía de los contratos? ¿El diario no quiso “meterse en problemas” o periodísticamente sabía que lanzar una acusación de esa magnitud, sin los debidos respaldos y con los testimonios de los aludidos, acarrearía problemas graves a su institución y no solo a los periodistas? ¿Por qué toda la investigación hecha por el diario, con más personal, no constó como parte del texto que llevó al juicio y a la sentencia?

Así como el caso de Emilio Palacio, lo que está en marcha es una campaña mediática, nacional e internacional, promovida por un grupo de políticos y actores mediáticos que olvidan el origen de los dos juicios: el daño moral causado a una persona con acusaciones e inculpaciones que, periodísticamente, no se sustentaron. Calderón y Zurita han dicho que solicitaron una entrevista al presidente Rafael Correa para contrastar lo que dijo su hermano. En la Presidencia de la República no hay, dicen, una sola solicitud para ello.

Cualquier profesor de primer año de periodismo enseña que cuando una persona es aludida, señalada o imputada en una investigación, lo menos que se puede hacer es contar con su versión, como sí ocurre en un juicio. Lo contrario conlleva las consecuencias que hemos observado en los dos últimos años. Y es que el daño moral, para cualquier ciudadano, es un afectación grave, a veces irreparable, como ya ha pasado. Los periodistas saben de eso y no pueden cobijarse con el principio de libertad de expresión, porque eso lo que ha hecho es denigrar la calidad de este oficio.