No esperar otro año para hacer justicia

02 de octubre de 2011 - 00:00

Superados los actos de recordación, queda latente algo en lo que coinciden todos: la impunidad no puede ser la marca de lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010. Hace falta  celeridad en los procesos, investigaciones profundas y técnicas, dejar por fuera las presiones mediáticas y, ante todo, disposición de la Policía para poner todos los elementos para que prime la transparencia como paso para la verdad.

Y en ese marco hay preguntas de fondo: ¿Quiénes entregaron armas, bombas y hasta vehículos a los policías para la sublevación? ¿Quién manejaba el llamado “Trucutú” que recibió a tiros a los militares cuando llegaron al Hospital de la Policía? ¿Quién ordenó limpiar las instalaciones de esa casa de salud al otro día y sus alrededores? A nadie le cabe en la cabeza que sea el Municipio de Quito el que ordenó limpiar los interiores y los patios, pero ese argumento pesa en cierta prensa.

Esas preguntas deben llevarnos a otros escenarios de análisis, lamentablemente ausentes por la parcialización de los opositores y hasta analistas mediáticos. El principal escenario: entender los verdaderos móviles de la sublevación, las motivaciones del intento de magnicidio (del cual hay grabaciones), el rol de los mandos policiales en ese momento y por qué no tuvieron control sobre lo que ocurría o si algunos tuvieron participación directa en lo ocurrido toda la tarde y noche del fatídico 30 de septiembre de 2010.

Si eso, por lo menos, se discutiera, tendríamos más elementos para configurar una hipótesis por fuera de las tesis políticas, con otros objetivos.

Al pedido de disculpas de la Policía (digno de todo respeto), el actual mando  debe poner todas las pruebas, evidencias, testigos, registros, documentos y testimonios para saber qué mismo pasó. Y por eso la demanda del Fiscal General para abrir las indagaciones extras que sean necesarias.

Con ello evitaremos lo que ha sido norma en el Ecuador tras 28 golpes de Estado, desde la época de Simón Bolívar:  todos los procesos judiciales terminaron en prescripción, indultos o amnistías. Y no hay un solo detenido ni sancionado. Eso no puede volver a ocurrir.