El miércoles se abrió en la parroquia La Esperanza, del cantón Pedro Moncayo (Pichincha), una escuela comunitaria para 33 pequeños. Hasta fines de este año, el Gobierno tiene previsto invertir $ 45 millones para reabrir 900 establecimientos de este tipo, con lo que miles de niños y adolescentes tendrán la oportunidad de estudiar cerca de sus hogares.

El proyecto nace de la atención del Gobierno al reclamo de miles de padres de familia de los sectores rurales, quienes en los últimos años no podían educar a sus hijos debido al cierre de los planteles rurales y a las dificultades que causó el proyecto unidades educativas del milenio ejecutado por el régimen pasado.

Desde finales de la década pasada empezaron a construirse cientos de edificaciones en diversos puntos del país. La idea era dotar al país de establecimientos estandarizados, con implementos básicos, laboratorios, además de las innovaciones pedagógicas de tipo tecnológico.

Sin embargo, en las áreas alejadas el programa generó problemas. Uno de ellos fue que los ideólogos del plan no tomaron en cuenta lo difícil que resulta para los menores de edad movilizarse grandes distancias en el campo, el páramo o la selva para llegar a la escuela. Padres denunciaron viajes de dos o tres horas para lograr que sus hijos aprendieran.  

Entonces, el entusiasmo inicial se transformó en desilusión y la tasa de deserción escolar se incrementó, en lugar de disminuir, pues el cierre de los antiguos planteles que existían en comunidades y parroquias volvió imposible el acceso a las aulas de miles de niños y jóvenes.

Estos pequeños se sumaron a las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según las cuales a fines del correísmo, el abandono de la educación primaria alcanzaba el 11,1%.  

Frente a esta situación, el actual Gobierno decidió actuar. Y desde el año pasado adecúa las antiguas escuelitas rurales para brindar una educación digna a la niñez y juventud ecuatoriana. (O)