La reducción es considerable. Alrededor de 500 mil niños han salido de las calles donde laboraban en las condiciones que todos imaginamos. Quedan, según las cifras oficiales, unos 200 mil. Y siendo una cifra aparentemente baja, no deja de preocupar que esos menores realicen  tareas inapropiadas a su edad.

Esos 500 mil niños que antes trabajaban están integrados ahora a lo que por derecho les corresponde. Ellos participan de actividades escolares, reciben apoyo del Estado y un seguimiento especializado, porque no se puede correr ningún riesgo.

Aunque no constituya noticia de primera página de los medios comerciales, constituye un factor de doble impacto: resta a ciertos sectores económicos de una mano de obra barata, o esclava, con lo cual dirán algunos que sus costos aumentan y lo trasladarán al precio de consumidor. ¿Eso no es lo que pasaba con ciertas bananeras? Y por otro lado, la inserción en la vida escolar crea otras necesidades, recursos y oportunidades. Con ello mejora la calidad de vida, pero sobre todo se garantiza el cumplimiento de derechos, acabar con la inequidad y la injusticia.

Y como todavía falta, urge que los municipios y el Gobierno mancomunadamente asuman con mucha más energía la decisión de cumplir ese anhelo nacional de que en el año 2015 el Ecuador esté libre de trabajo infantil. Por supuesto, no solo es un asunto del Estado, también pasa por las familias y el sector privado, porque se denuncie a quienes explotan a menores y se sancione adecuadamente a los responsables de tales abusos.

Es cierto que reducir en 500 mil es un hecho extraordinario, que refleja una voluntad política a favor de eso que no da votos ni publicidad positiva en los medios comerciales, pero mientras haya un niño en la calle es obvio que nadie puede sentirse contento ni satisfecho por lo hecho hasta ahora.