El acto reprochable -y posiblemente con consecuencias penales- cometido por Pedro Delgado afecta a todo un proceso cargado de entrega y responsabilidad. Al mismo tiempo, coloca en una situación incómoda y dolorosa a todos quienes confiaron en él, al punto de hacerle un homenaje de desagravio ante la arremetida que sufriera sobre un hecho que está en investigación.

Como era previsible, inmediatamente salieron los “salvadores de la patria” a generalizar: la corrupción está por todos lados, todo mundo roba en el Gobierno, nada se fiscaliza ni sanciona. Y para colmo, son los mismos que después de lanzar la denuncia se quedan quietos ante la falta de calidad en la investigación.

Pedro Delgado debe responder por sus actos ante la justicia y la ciudadanía, no ante los medios ni a los opositores mediáticos. La justicia, por supuesto, debe aplicar todo el rigor de la ley. Actos como el cometido por el ex presidente del Banco Central no pueden quedar en la impunidad, y mucho menos deben servir de plataforma política de nadie. Es un golpe duro a la fe pública y a la confianza depositada para ejercer el cargo que ostentaba.

Y, por supuesto, que sirva de precedente para el resto de funcionarios públicos -casi en su totalidad gente honesta y responsable con su trabajo- para que a nadie se le ocurra cometer el más mínimo error, pues saben las consecuencias para el resto. No se puede decir que no haya corrupción, pero se debe reconocer que la lucha contra ella ha sido también la de este Gobierno y de órganos responsables de combatirla. ¿Hace falta más? Sí, mucho todavía, para lo cual, tanto la oposición como la sociedad civil deben estar vigilantes, pero sin buscar en ello proselitismo barato sino responsabilidad pública.

Si el error cometido ha sido puesto en escena para una sanción pública, el propio Presidente de la República ha señalado el camino a seguir. Que no sea ahora motivo para ensalzar a una prensa que solo investiga y denuncia lo que ciertos grupos de interés quieren, con claros fines desestabilizadores.