Tras la entrega de las 14 frecuencias a cada una de las nacionalidades indígenas de Ecuador se abre  otra fase en la comunicación popular ecuatoriana: otorgar frecuencias a grupos y colectivos sociales para desarrollar sus propios medios de comunicación.

Lo que desde hace 40 años ha sido una lucha de un sector del periodismo y la comunicación alternativa ahora se concreta paulatinamente. Quizá no en los mismos términos que podía  imaginarse en los años 70 u 80. Los tiempos cambian también ciertas demandas. Pero sí, en el fondo, subsiste el mismo propósito: democratizar la comunicación. Ello implica, ante todo, romper el monopolio del relato. 

Como este diario ha informado, las emisoras comunitarias cada vez son más y provocan procesos interesantísimos en las comunidades, recuperan y/o sostienen lenguas ancestrales, además de producir empleo. Sin Ley de Comunicación, gracias a una oposición obstruccionista y al servicio de los monopolios informativos, nacionales y externos, se ha podido concretar este anhelo. Y en la práctica, ahora, desata lo que era de esperar: que otros grupos sociales quieran asumir, con su voz y con sus comunidades, el reto de contar su propia historia.

Como la prensa privada se siente afectada, ahora le buscará la quinta pata a todo y señalará  los más mínimos defectos de los procesos de entrega de frecuencias. Y jamás hará una mirada autocrítica ni asumirá que su propio egoísmo e incapacidad para ser verdaderos medios sociales de comunicación condujeron a esta realidad histórica, incluso que sirve de ejemplo en América Latina. 

Se trata de un proceso irreversible, porque abiertos los canales y las frecuencias la sintonía no está medida por el rating, como quisiera la prensa privada, sino por la capacidad de acompañar procesos sociales propios y autónomos en un marco de transformación política nacional.