El Presidente lo anunció el 24 de mayo. Uno de los pendientes para instaurar una sociedad con libertad plena era despenalizar los delitos contra el honor. “Si bien el derecho a la honra debe respetarse y protegerse, la privación de libertad es un castigo desproporcionado”, sentenció Lenín Moreno. En concordancia, este 19 de junio envió a la Asamblea un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que elimina la cárcel para quien calumnie.

Si se aprueba, la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra será sancionada con trabajo comunitario o multa económica de hasta $ 1.100. La meta es recuperar plenamente el derecho fundamental de la libertad de expresión; así como se hizo al firmar la Declaración de Chapultepec o reformar la Ley Orgánica de Comunicación. Las luces se encienden a fomentar una sociedad que no silencie las ideas y donde aflore el pensamiento diverso.

La modificación del COIP también se alinea con los planteamientos de los estándares internacionales. Por ejemplo, en agosto de 2018, tras su visita oficial a Ecuador, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Édison Lanza, enfatizó que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles. Reiteró que las normas deben diseñarse de modo que su compatibilidad con los derechos humanos sea asegurada.

Pero esto no puede entenderse como un permiso para la injuria y la deshonra. El mensaje del respeto a lo distinto debe calar hondo. Hoy, por ejemplo, somos testigos de cómo las redes sociales se han convertido en terreno fértil donde crece el insulto, la mentira, la blasfemia; hecho que se acrecienta con la posibilidad de esconderse tras el anonimato y la invisibilidad. Es bienvenido el paso, pero aquello supone una corresponsabilidad para los ciudadanos, quienes deben hacer suya la importancia de no amedrentar a quien piense, opine, sienta o viva diferente. (O)