No hemos (como ya se dijo antes en este espacio) leído en los medios comerciales las encuestas y otros debates sobre la situación electoral. Lo que sí leemos son reacciones de esos periódicos sobre lo que en El Telégrafo se publicó antes de la prohibición legal sobre el tema.

¿Eso no se llama autocensura? ¿O le ponemos el nombre de autorregulación? ¿Y no es que hay la más absoluta libertad e independencia para publicar todo lo que las audiencias necesitan para estar bien informadas y tomar decisiones?

La respuesta lógica sería decir que solo informan lo que conviene a sus intereses y a sus auspiciantes. Y ni así, porque, si fuese por eso, uno de los mayores auspiciantes es el mismo Estado, a través de sus avisos y publicidad. La respuesta objetiva tendría que ser: no lo hacen porque no están de acuerdo con la información que divulgaron las encuestadoras.

Y, claro, en esas encuestas hay datos que son de interés público que no convienen a determinadas candidaturas. Pero incluso si no eran “convenientes”, los datos sobre lo que ocurría en la mayoría de provincias  con los candidatos a asambleístas sí eran de absoluto interés para cada una de esas comunidades. Por suerte, las audiencias conocen por otras fuentes la misma información. Tanto es así que en las redes sociales y en el “boca a boca” se conoce mucho más y mejor que  lo que informa la prensa comercial.

A eso hay que sumar el impacto de esa información: la competencia de este diario lo único que hace es defender a una encuestadora que jamás negó los datos publicados, sino que no fueron entregados a los medios. ¿Entonces? Ahora resulta que la prensa privada y comercial hace noticia de lo que se publica en el primer diario público y no sobre lo que ella hace (o deja de hacer). Esa es la realidad mediática, con un toque de farsa y algo de hipocresía.