El miércoles pasado el presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, entregó al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el proyecto de Ley de Comunicación. Y en menos de tres minutos, en sus cuentas de Twitter, algunos asambleístas de la oposición ya decían que votarían en contra, en la sesión convocada para el próximo miércoles 11 de abril.

¿Qué prueba o revela esta inmediatez? ¿Dice algo de la responsabilidad de un legislador? ¿O habla bien de un político que aventura respuestas y votos sin leer los cuerpos jurídicos y así decide el futuro del país?

Esos legisladores le han dicho no a un proyecto que no leyeron y donde se incluyen 40 recomendaciones, algunas de ellas hechas por ellos mismos. Así es la oposición que dice llamarse responsable, crítica y constructiva. En ella solo caben, ¿por ahora?, intereses electorales y proselitistas de corto plazo.

Esos legisladores señalan su oposición sin contemplar que en dos consultas populares el pueblo ecuatoriano aprobó la necesidad de contar con una Ley de Comunicación y que en ella se incluya la existencia de un Consejo de Regulación. Sin descontar que en la misma Constitución se establece esa obligación.

Y si alguien indaga a fondo por qué se oponen a un proyecto que no han leído, dándoles algo de crédito, solo podríamos aventurar una conclusión dadivosa: hay una confrontación ideológica radical y desde ella ya no cabe ninguna otra postura ni obligación legal, menos constitucional.

Entonces, es de absoluta responsabilidad de esos asambleístas que las comunidades no cuenten con radios comunitarias, y más aún: que las frecuencias que se rifaron en gobiernos anteriores no tengan una fiscalización y reversión legal y legítima. ¿O será por eso mismo que no están de acuerdo en votar a favor de ese proyecto de ley?