Nadie duda de la necesidad de control, regulación y hasta fiscalización de la gestión pública. Es más, solo eso garantiza mayor eficiencia, transparencia y hasta mejoramiento del servicio. Y también es cierto que la vigilancia internacional, por los acuerdos y convenios firmados por Ecuador, aportan a eso, sin violentar su soberanía y esencialmente su Constitución.
De hecho, la vigilancia externa aporta mucha más confianza en la implementación de legislaciones locales para fomentar las soberanías y la autodeterminación. Eso ha sido siempre. Y, en particular, Ecuador cumple a cabalidad con sus compromisos internacionales y diplomáticos. No hay queja de ello si se revisan todos los documentos y registros.
Contrariamente hay otras naciones que, incluso bombardeando población civil y centros de refugio, hecho considerado crimen de guerra, siguen recibiendo apoyo militar, logístico y hasta financiero por parte de los gobiernos que se erigen como los defensores de las soberanías y autodeterminación.
Desde hace unos años para acá, Ecuador es objeto de observación recurrente y ‘sesuda’ de determinados organismos, ‘personalidades’ e instituciones.
El jurista peruano, Luis Pásara, ha elaborado un informe sobre la justicia ecuatoriana, así como en su momento algunas entidades de defensa de los derechos de los periodistas lo hicieron sobre la situación de la libertad de expresión.
En los dos casos no se trata de investigaciones rigurosas y tampoco con base en informes asentados en registros oficiales y testimonios diversos. Los dos temas están hechos con base en los reportes que hacen actores políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales bien financiadas y dirigidas por reconocidos opositores, además de recortes de prensa de determinados medios privados y comerciales. Y claro, el aparato político mediático usa esos informes de modo amplificado, como si fuesen la última palabra y de carácter supranacional obligatorio.
¿Por qué ocurre esto? En primer lugar porque hay toda una estrategia para direccionar y deslegitimar el proceso soberano del Ecuador, que no coincide necesariamente con los postulados liberales de esas entidades y de la oposición criolla. Pero sobre todo porque en esos personajes y entidades hay un mirada sesgada, parcial y hasta mal intencionada para entender de otro modo el sentido real de la autodeterminación de los pueblos, las búsquedas de nuevas formas de realización y bienestar.
Y, quizá, por qué no, porque están financiados para estas tareas por ‘cooperantes’ que saben bien qué buscan y con objetivos claramente definidos para los procesos progresistas de nuestra región. Por lo tanto, bien cabe saber también por qué la prensa no amplifica los informes de las Naciones Unidas.
