En estos días los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) cumplen tres años de gestión tras las elecciones respectivas del año 2009. Y no se trata de evaluar la gestión de cada uno de ellos o alguno en particular, sino de mirar hasta dónde el nuevo marco constitucional contribuyó al mejor desenvolvimiento administrativo y político de estos organismos.

Por lo visto hasta ahora, el primer balance es que la perspectiva es hacerlos responsables directos de sus electores, más cercanos a sus necesidades y soluciones, aparte de asumir competencias que descentralizan la gestión del Estado, lo que pone en otra dimensión la tarea de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales.

Todo está en construcción, dirán algunos, pero también es cierto que hay experiencia suficiente en los municipios y prefecturas de territorios extensos como para evaluar casa adentro hasta dónde el nuevo sistema garantiza lo que todos queremos: más participación ciudadana en la toma de decisiones, en la elaboración de los presupuestos, en la fiscalización de la obra pública y también en la planificación estratégica.

Lástima que todavía hay autoridades que siguen sintonizadas con el esquema anterior, trabajando con un clarísimo perfil asistencialista, vertical, cuasi autoritario. Pero el freno o los límites no los va a poner la ley o los reglamentos, sino la misma ciudadanía, participando más, convirtiendo las tareas comunitarias en expresiones políticas efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios del país.

Son tres años donde muchas obras están en marcha sin necesidad de acudir a los ruegos y reclamos al Gobierno central, sino que ante la obligación de planificar y programar se han podido evitar anomalías en el desarrollo de los planes y en el uso de los recursos públicos. Por lo pronto, el balance de este modelo, en general, es positivo.