Un candidato presidencial ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo. Le solicita sujetarse a las normas constitucionales “por constituir un mandato ético y jurídico, el cual debemos respetar y hacer respetar a todos los habitantes del país”. Y hace relación a una serie de afirmaciones sobre las personas con una opción sexual distinta a la que defiende el candidato, como si fuese la única y a la que se debe sujetar todo mundo.

De hecho, la Defensoría del Pueblo acoge el artículo 67 de la Constitución, la misma que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y la que el candidato mencionado parece quiere modificar. Pero antes de que eso ocurra y se concrete, todos y todas estamos obligados a cumplir con la Constitución, sin remilgo alguno.

Por todo ello, por más inmunidad que tenga como aspirante a la Presidencia de la República, por más respaldo político que tenga del partido que lo auspicia, hay unos límites muy claros. Mucho más si el mencionado candidato tendrá una situación concreta que afrontar en caso de que gane: si es el mandatario (de un Estado Laico) de todos los ecuatorianos y entre ellos hay personas de diversa orientación sexual, tendrá que atenderlas, garantizar sus derechos, todos sus derechos; además de administrar las políticas públicas. Y si encima de eso triunfara una candidata transexual para ocupar un cargo en la Asamblea Nacional, ¿el aspirante presidencial la  denigraría y hasta desconocería su calidad pública, política y ciudadana? Si hay que elevar el debate político, no es solo hablar bonito y decir frases rimbombantes en cada aparición, sino reconocer la existencia de una realidad, de respetar las orientaciones y opciones sexuales de los seres humanos; jamás colocar por delante una religión, respetable y todo, pero que solo es la de un sector de la población. El respeto está marcado en la ley y nadie, por más candidato que sea, se puede ir por encima de ella.