Lo ocurrido en Guayaquil es grave: dejar a toda una ciudad sin agua y con el riesgo de que la existente esté contaminada por la responsabilidad de una empresa, demanda una justicia con todo el rigor de la ley. Se afecta a más de tres millones de habitantes y la reparación no es cuestión de unos químicos o unas mangueras para la limpieza.

Empero, lo de fondo es el riesgo y consecuencias latentes. Y, por lo mismo, no se trata de una acción cualquiera: el Cabildo guayaquileño y el Ministerio del Ambiente deben dar una explicación clara y tomar las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir. Asimismo, no es cuestión de cargar toda la culpa del tema a un empleado. La empresa, como cualquier otra, requiere controles para ejercer su negocio en las riberas del río Daule. Y de esto no se ha dicho nada por quienes en otros temas -incluso- han parado el tráfico para protestar. ¿Dónde están esos ambientalistas que por el Yasuní por poco se inmolan? ¿Cuál es su postura política cuando se trata de otra autoridad y de la empresa del titular de un partido bien identificado? Sea quien sea, se debe velar por el ambiente y la salud humana. (O)