Uno de los avances más importantes en la institucionalidad ecuatoriana se reflejó en estos años en las Fuerzas Armadas. Hubo estabilidad, orden autónomo y respeto a la autoridad civil. Lejos han quedado aquellos días donde los mandos cambiaban antes del tiempo fijado en sus reglamentos por ciertos caprichos personales, intereses grupales y políticos.

Al interior de la vida militar hay tensiones, como en todo cuerpo corporativo. La diferencia es que hay unas normas estrictas y unos códigos “no dichos”, que a veces generan problemas cuando se cruzan con intereses personales. La salida del comandante de la Fuerza Terrestre parece que nos devuelve a esa situación donde ciertos mandos desean recuperar esa capacidad de incidir en la toma de decisiones que está en el mando civil para favorecer a una persona. De hecho, algún general, de ser cierto, ha salido a los medios privados a “soltar información” con el claro afán de cuestionar a la autoridad civil.

Los militares están sujetos a la disciplina institucional. Esa es su principal norma política. Los altos mandos mucho más. Y estos saben que cuando se cumplen sus tiempos o no acatan las directrices de la autoridad política su salida es normal. La autonomía de la que goza, como otros cuerpos colegiados, tiene un límite, que es la Constitución.

Fortalecer la institucionalidad del país ha costado mucho y ha dejado enseñanzas muy válidas para la democracia. Por eso no hay que hacer de estos hechos aislados el caldo de cultivo para la exacerbación de otros temas, que la prensa privada y comercial, de la mano de determinada oposición, usan con fines estrictamente proselitistas y desestabilizadores.

Hay muchas cosas que mejorar en las FF.AA., pero eso parte de asumirlas como un reto colectivo. Los militares activos y en servicio pasivo son un baluarte para defender la democracia desde sus propias convicciones, bajo el amparo pleno de la Constitución y la autoridad (legítima) civil.