Ley de Fomento Productivo, aprobada con pocos cambios

- 23 de junio de 2018 - 00:00

Por lo general, una ley de carácter económico es la que más dificultades presenta al momento de ser analizada y luego aprobada por la Asamblea Nacional. La Ley de Fomento Productivo, que el Gobierno había enviado con el carácter de urgente, no fue la excepción y su aprobación, con 73 votos a favor, 28 en contra y 26 abstenciones, no tenía el respaldo de la mayoría apenas media hora antes de la votación; y corría el riesgo de que entre en vigencia por  el ministerio de la ley.

Algo que no ocurrió porque las últimas negociaciones se centraron en asuntos que eran irrenunciables para algunos bloques y al final, sin que se altere demasiado el proyecto original, los actores políticos se pusieron de acuerdo y ahora la ley regresa para conocimiento del Presidente de la República, que tiene un plazo de 30 días para promulgarla.

Esta ley, en términos generales, busca reducir el déficit fiscal y los niveles de endeudamiento público, define reglas claras en materia macrofiscal a largo plazo y atrae la inversión nacional y extranjera, un tema vital frente al tremendo déficit heredado por el actual Gobierno y que los analistas menos pesimistas sitúan en $ 8.000 millones, en tanto que otros mencionan cifras superiores a los $ 10.000 millones.

En términos prácticos, lo que ocurrió con la nueva ley económica fue que se aprobó todo el proyecto, con excepción de dos numerales del artículo 35, que pretendían gravar con el Impuesto a la Renta a las decimotercera y decimocuarta remuneraciones para quienes perciban ingresos superiores a $ 100.000 anuales.

Un pedido de la bancada de CREO para eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) no prosperó y se mantiene la idea inicial del Presidente de la República de reducir gradualmente ese gravamen, de acuerdo con las condiciones de las finanzas públicas. Pero se eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las cocinas a gas y se ampliaron las remisiones de intereses para los agricultores que tienen deudas con la Secretaría del Agua y con otras entidades del sistema financiero. (O)