Ecuador se caracteriza por una alta Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) por el número de negocios nacientes. Sin embargo, también es conocido que los emprendimientos mueren rápido por diferentes motivos, como falta de financiamiento, trámites engorrosos, costo de la mano de obra, entre otros.

Después de casi un año de análisis en la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación llegó a segundo debate este martes.

La normativa pretende resolver las trabas, o la mayoría de ellas, que enfrentan los emprendedores para que sus ideas sean sostenibles en el tiempo y motivar a que más ecuatorianos salten al mundo de los negocios.

La ley define al emprendimiento como aquel proyecto con cinco años de existencia o menos, que necesita recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad.

Entre lo más destacable de la normativa está la creación del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación. Este organismo será estratégico para el fomento de las nuevas iniciativas y estará conformado por entes públicos y privados. Esta coordinación es importante, pues así las necesidades y, sobre todo, las realidades de ambas partes serán expuestas y se podrá tomar decisiones aterrizadas al contexto actual.

La ley también atiende la tramitología al momento de abrir un negocio. Por ello establece la creación de una ventanilla única empresarial, tanto física como virtual, para agilizar los procesos. Todas las instituciones públicas estarán representadas en este punto de atención, con ello se contribuye a una gestión más eficiente del aparato del Estado.

Adicionalmente, la banca pública creará nuevos productos y servicios con condiciones favorables para impulsar el emprendimiento. Además, se da paso a la creación de plataformas de fondos colaborativos (crowdfunding) para conectar a emprendedores e inversores. La norma es prometedora y la expectativa es que funcione, gracias al trabajo conjunto del sector público y privado. (O)