Una ley para romper el ciclo pernicioso de la corrupción

- 26 de mayo de 2018 - 00:00

La conmemoración de los 196 años de la Batalla del Pichincha que selló nuestra independencia y el informe del Presidente de la República, tras cumplir su primer año en el poder, registró también un anuncio que es muy importante destacar porque se trata de lo que parece ser el inicio de una lucha sistemática contra la corrupción que, a decir de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, alcanza la cifra monumental de $ 24.000 millones en los últimos años.

En el hemiciclo de la Legislatura y frente a los asambleístas, embajadores, dirigentes campesinos e indígenas, Cabezas prometió la elaboración de una ley dedicada exclusivamente a la recuperación de los recursos vinculados con la malversación de los fondos públicos. Se trata del anuncio más importante que va en la línea gubernamental de combate a la corrupción. “Ecuador ha sido severamente golpeado por la corrupción. Las cifras de lo usurpado por esta causa son aterradoras”, según la titular del Legislativo.

Como referencia, Elizabeth Cabezas considera que los $ 24.000 millones son comparables con la suma de todos los recursos necesarios para superar el déficit de vivienda social, para pagar las jubilaciones de los maestros, para ofrecer un transporte público de calidad, para crear un programa nacional de rehabilitación de adicciones. La idea de trabajar en esa ley nace de la demanda ciudadana por justicia y por recuperar el dinero que pertenece a los ecuatorianos.

Y asegura que los procedimientos ordinarios son insuficientes y lo que muchas veces ocurre es que se crean nuevas cadenas de corrupción, de allí la importancia de la creación de esta ley. A modo de ejemplo, dijo también que los ecuatorianos vemos con impotencia cómo florecen de la noche a la mañana las fortunas mal habidas. “Solo cuando los delincuentes devuelvan lo robado y sean completamente sancionados, podremos romper el ciclo pernicioso de la corrupción”.

Fue un discurso que invocó a recuperar la ética política sustentada en valores, como la honestidad, la transparencia y el uso claro de los recursos públicos. (O)