La investigación realizada por este diario sobre el modelo de negocio para la concesión del servicio celular a las compañías telefónicas  no puede quedar en una simple publicación. Por la gravedad de lo denunciado (las empresas se habrían beneficiado de un modelo que perjudicó al Estado en más de cuatro mil millones de dólares) debe ser de atención de todos los organismos de control, en particular de aquellas entidades que tienen que ver con ese negocio.

El trabajo periodístico ha demostrado cómo ciertos medios de comunicación consideraron  parte de su línea editorial, ocultar o silenciar cualquier detalle sobre el negocio del que formaron parte, sabiendo que se perjudicaba al país y a los usuarios del servicio de telefonía celular.

Se entiende ahora, gracias a la denuncia, por qué muchos negocios -gordos y enormes-, en los que  participaron empresarios que tienen medios de comunicación como parte de su emporio, dejan pasar el tiempo y las “irregularidades”.

¿Prima en todo esto el afán de lucro, por encima de las responsabilidades sociales? Por supuesto.
La investigación, además, prueba que existen ciertas “porosidades” en la historia ecuatoriana que deben revelarse para entender muchos de los procesos y fenómenos políticos actuales.

Pensando en los usuarios, en la ciudadanía, en el bien común y en la responsabilidad pública, el Gobierno debería proponer, luego de que intervengan los entes de control, una reparación para el propio Estado y para los consumidores del servicio, pues la ganancia extraordinaria de esas empresas no puede considerarse un negocio “lícito”, sino un atraco para el país.

Han pasado más de 15 años de aquel modelo de negocio que llenó de dinero a empresarios privados, gracias a la venia y consentimiento de los gobiernos de turno. Por lo mismo -como en otros casos- hay que reabrir esas cuentas, los contratos y todo lo que haga falta para saber al  detalle qué  pasó  y quiénes fueron los beneficiados de esos “modelos de virtudes”.